Desmantelan red de corrupción en Transporte Público en Pachuca: 2 exfuncionarios detenidos, 5 más pendientes.
Hace un mes, luego de un cateo realizado en una oficina de “gestoria“ al sur de la capital, a pocos metros de la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde fue aprehendida una señora que ahí laboraba, de nombre Ma Xochitl “N”, la Procuraduría del Estado, reveló que luego de la revisión de las pruebas y testimonios recopilados, se encontraron elementos suficientes para imputar a dos ex funcionarios del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo de los cargos de falsificación de documentos, daños a la economía del estado y actuar fuera de la ley, para favorecer a diversos transportistas y prestanombres con trámites “chuecos” para emplacamientos falsos de unidades del transporte público.
Personal de investigación informó que se logró la captura de 2 personas implicadas y que hay otras personas de administraciones pasadas y de esta administración, también bajo investigación, mismas que se pondrán ante la justicia por su presunta complicidad.
El pasado domingo, ambos exfuncionarios del área de registro del organismo del transporte fueron vinculados a proceso por los delitos de falsedad ante la autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, así como daños importantes a la economía del estado, por lo que se les dictó prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.
Como antecedente, la empleada de la oficina de “gestoría” María Xóchitl C.V., detenida previamente en el inmueble de la calle Zafiro, proporcionó información crucial sobre cómo operaba esta red de tráfico de concesiones tanto al interior de la dependencia como al exterior con diversos “gestores” y se estima que cerca de 200 unidades piratas circulan en la zona metropolitana de Pachuca y se calcula que podrían ser hasta 2000 unidades irregulares en todo el estado, pues llevaban años operando de esta manera.
Gracias al operativo realizado por la Unidad de Alto Impacto de la PGJEH, hace seis días, se detuvo al ex director de Registro y Actualización, Jorge J. R., y al ex subdirector de la misma área, Daniel R. R., ambos exfuncionarios fueron señalados como los enlaces entre la dependencia y la banda de falsificadores de trámites y concesiones. Estos funcionarios pasaban las unidades bajo documentos que carecían de soporte, para hacerlos pasar como operaciones legítimas para que pudieran emplacar y explotar el servicio de transporte así como diversas transacciones de compra venta de concesiones y “renta” de placas del servicio de transporte lo cual está prohibido.
La investigación revela que la red de complicidad involucra a personas de diferentes niveles de la estructura del Sistema de Transporte Convencional, pertenecientes a la administración anterior a cargo del Lic Alejandro Aquino y de su sustituto el exdirector Víctor Osmind Guerrero, aunque podrían estar vinculadas otras personas, incluso de otras dependencias de gobierno.
